Docente UPN participó en taller especializado “Justicia Penal en el Perú”

Docente UPN participó en taller especializado "Justicia Penal en el Perú"

Magistrado Fiscal Titular de Familia con amplia experiencia en el derecho de familia, niños, adolescentes y justicia juvenil, el profesor Jorge Barrenechea representó al Perú en este importante encuentro.

Desde hace varios años, la ciudadanía percibe que la violencia es uno de los principales problemas del país. En este contexto, la participación de jóvenes en sucesos delictivos es particularmente preocupante.

Un informe de la Gerencia de Centros Juveniles de Rehabilitación del Poder Judicial daba cuenta el año pasado de que existen más de 1,700 menores recluidos por robo, violación y homicidio, y como es evidente un número cada vez mayor de jóvenes se ven involucrados en estos casos.

Ante esta problemática, se vienen planteando alternativas de solución en diversos frentes. Así, durante la segunda semana de enero tuvo lugar en Lima el Taller Especializado “Justicia Penal en el Perú”, promovido por la American Bar Association Rule of Law Initiative ABA ROLI – Perú con la finalidad de fortalecer las capacidades de los operadores de justicia (jueces, fiscales, policías, defensores públicos) en justicia penal juvenil y litigación oral.

Dados su méritos y experiencia en el campo del Derecho de Familia, Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Justicia Juvenil Restaurativa, Jorge Luis Barrenechea, Magistrado Fiscal Titular de Familia y docente de la Facultad de Derecho en nuestra sede Cajamarca, representó al Perú con disertaciones y la dirección de actividades prácticas desarrolladas durante este encuentro.

Docente UPN participó en taller especializado "Justicia Penal en el Perú"

Promotor desde el año 2009 de la Justicia Juvenil Restaurativa y del proyecto piloto “Espacios Amigables” para la debida atención a los justiciables y abogados, el profesor Barrenechea nos brinda a continuación un análisis del problema de la violencia juvenil y sus posibles soluciones.

La violencia es un fenómeno creciente. Desde su experiencia, ¿qué podría hacer el sistema judicial y la legislación por detenerla?

Considero que pueden contribuir significativamente en la lucha contra la violencia y la inseguridad ciudadana. Ello a través de una política de Estado adecuada y sostenida de lucha contra la violencia y la delincuencia, mediante un trabajo permanente y articulado entre todas las instituciones y los operadores del sistema de administración de justicia. Pero también se necesita la participación activa de la comunidad, contribuyendo con el diseño y la ejecución de diversos programas de prevención primaria del delito.

En cuanto a la legislación, esta debe estar acorde a la realidad social y a los nuevos retos del derecho. Por ello se necesita de legisladores debidamente preparados.

En América Latina y en nuestro país existen organizaciones que adiestran a jóvenes e incluso a niños en el crimen. El Poder Judicial es acusado de ser excesivamente benevolente y dejarlos en libertad o aplicarles sanciones mínimas. ¿De qué manera podría corregirse esta situación?

En principio debemos recordar que los adolescentes en conflicto con la ley penal, es decir aquellos que cometen infracciones consideradas como delitos, cuentan con una legislación especial que prioriza y privilegia su reeducación y reinserción comunitaria antes que el castigo o la sanción. Ello en atención a su edad y condición, pues aún no han alcanzado el grado de madurez y desarrollo necesario, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño y las Reglas de Beijing, normas del Sistema Universal suscritas por el Perú.

De otro lado, si bien la delincuencia juvenil ha venido incrementándose, ello en gran medida se debe a que muchos de estos jóvenes provienen de familias desintegradas o disfuncionales. En tal sentido, el Estado y la comunidad deben trabajar codo a codo a fin de fortalecer la institución familiar  buscando que los padres cumplan su rol adecuado, sobre todo en lo que se refiere a la guía, orientación, control y supervisión de sus hijos.

También es de suma importancia que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, cumplan con su obligación de divulgar la Convención de los Derechos del Niño -entiéndase por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años- y otras normas internacionales, así como el Código de los Niños y Adolescentes, a efecto de que estos y la comunidad conozcan sus derechos y deberes.

¿Es posible prevenir la violencia juvenil? ¿Qué pasos serían necesarios en línea con este objetivo?

Dado que los adolescentes son personas que aún están en consolidación de su proceso de desarrollo, resulta viable realizar un trabajo preventivo de la delincuencia y violencia juvenil a través de una prevención primaria que se puede realizar desde el hogar, la escuela y la propia comunidad organizada en donde se desenvuelven.

En el Perú tenemos ejemplos de prevención primaria, como la que realiza el Ministerio Público a través de sus líneas de acción “Fiscales en tu Escuela”, “Padres Construyendo Hijos de Éxito” y “Jóvenes Lideres”, que integran el Programa de Prevención Estratégica del Delito (PPED).

También el Ministerio Público cuenta con la línea de acción “Justicia Juvenil Restaurativa”, que realiza prevención secundaria toda vez que dentro de sus beneficiarios se encuentran adolescentes de 14 a menos de 18 años que han cometido infracciones consideradas como delitos no graves, y a quienes luego de haber reconocido su responsabilidad y reparado el daño, se les aplica la figura de la remisión fiscal para que se reintegren a su comunidad previo cumplimiento de programas de orientación. Justicia Juvenil Restaurativa es una línea de acción emblemática del Ministerio Público que tiene resultados exitosos en los lugares en donde se aplica, constituyéndose en un referente nacional e internacional.

¿Qué logros ha obtenido desde el programa de Justicia Penal Restaurativa?

El primero y más importante, el poder dar una verdadera oportunidad de cambio, y quizá la única, a los adolescentes en conflicto con la ley penal que hayan cometido una infracción considerada como delito no grave, evitando las consecuencias negativas de someterlos innecesariamente a un proceso judicial.

Otro logro que vale la pena resaltar es que desde la Justicia Juvenil Restaurativa, contando con el apoyo invalorable de los aliados estratégicos (instituciones del Estado y la sociedad), se contribuye a la reintegración familiar, educativa y laboral de los adolescentes, consiguiéndose su verdadera reintegración comunitaria.

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