Infraestructura: propuesta para cerrar la brecha

La década perdida. Tal es la denominación que se le suele dar a los años 80. Durante este periodo tuvimos una de las mayores crisis de hiperinflación de la historia mundial, quedamos al margen del financiamiento internacional, los déficits fiscales se hicieron insostenibles, la balanza comercial y la balanza de pagos se pintaron de rojo y la escasez y la especulación eran cosas de todos los días.

A ello debe sumarse la acción del terrorismo, que además de acabar con la vida de miles de peruanos se encargó de destruir puentes, vías de comunicación, torres eléctricas, dependencias públicas y privadas. Pero las cosas venían mal desde antes. Según diversos analistas, el último ciclo de prosperidad del siglo pasado llegó a su fin en la década del 50. Así, no fueron solo 10 años sino 30 durante los cuales el país acumuló pasivos de diverso tipo. Uno de los mayores, sin duda, es el de infraestructura pública, cuya brecha se estima a la fecha en US$ 80,000 millones.

Bastante más allá de la obra física, la inversión en infraestructura repercute en mejoras económicas, sociales y de seguridad. Constituye además un factor gravitante en términos de ventajas competitivas y productividad, y es en definitiva un indicador del nivel de desarrollo de un país. Nuestro rezago en relación a carreteras, hospitales, escuelas, puertos, aeropuertos, centrales de energía y tecnología de comunicación, entre otros aspectos, es evidente, si bien desde hace 20 años se intenta acortar la brecha.

Lampadia.com, un portal web de análisis de actualidad, ha hecho una propuesta de 11 puntos con la idea de lograr reducir en siete años el déficit de infraestructura. El gobierno central y sus pares regionales deberán tenerla muy presente.

  1. Establecer un plazo de 7 años para invertir US$ 80,000 millones en los más importantes proyectos de infraestructura.
  2. Aplicar mecanismo de Asociación Público Privada (APP).
  3. Promover la participación del sector privado, peruano y extranjero, incluyendo a las AFP locales, hasta por tres cuartas partes del total: US$ 60,000 millones.
  4. Fijar la participación del Estado en US$ 20,000 millones (25% del total y 10% de nuestro PBI).
  5. El Estado financiaría su participación emitiendo deuda pública a 30 años, hasta por US$ 20,000 millones, mediante “Bonos de Infraestructura” (como los califica The Economist).
  6. Convocar al Banco Mundial, FMI, BID y CAF para que acompañen al Perú en el diseño, monitoreo, promoción y financiamiento de un Fondo de Inversión en Infraestructura. Asimismo, deberían ajustar la contabilidad fiscal y participar en la ejecución del plan.
  7. Crear una autoridad pública autónoma que gobierne este plan de inversiones con un manejo estrictamente profesional.
  8. Convocar licitaciones internacionales para cada proyecto específico, mediante APP, para otorgar concesiones de hasta 30 años.
  9. Este esquema podría ser un plan piloto para que las instituciones multilaterales promuevan el financiamiento de las brechas de infraestructura.
  10. El repago de los Bonos de Infraestructura, a su vencimiento, será asumido por los concesionarios, sustituyendo al Estado.
  11. Los concesionarios depositarán anualmente los montos que se establezcan para el repago de los bonos. Los depósitos se harían en un fideicomiso del Banco Mundial, propiedad del Estado peruano, aplicando solamente a la cancelación de los bonos. El rendimiento del fideicomiso sería de libre disponibilidad del Estado.

Fuente:

http://www.lampadia.com/archivos/prosperidad-ii-Lampadia.pdf

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