El Perú, un país pobre rodeado de riqueza natural

A propósito de las paralizaciones en Arequipa contra la construcción de la mina Tía María, un análisis de lo que representa esta actividad para el Perú y de las oportunidades que perdemos impidiendo su desarrollo.

El Perú es un país bendecido por la naturaleza, con diversos recursos que si se utilizaran con eficiencia elevarían el nivel de vida de la población. Sin embargo, la realidad nos muestra que los dirigentes políticos que gobiernan nuestro país aplican políticas que no permiten aprovechar la inmejorable condición que la naturaleza nos ha dotado. Pero, además, hay una corriente de políticos con ideología desfasada que se oponen al uso de los recursos por parte del sector privado, particularmente de la inversión externa, proponiendo que el Estado sea el encargado de dichas explotaciones, olvidándose de la ingrata experiencia durante las décadas de los 70-80, cuando gobiernos afines a un rol empresarial protagónico del Estado generaron una fuerte crisis económica llevando a que en 1991 un poco más del 57,4% de la población fuese pobre y un 26,8% viviese en extrema pobreza.

Cuando a partir de 1993 el Estado pasó a tener un rol subsidiario en la economía y el sector privado retomó el liderazgo en el proceso de inversión, el país recuperó su crecimiento y la pobreza se redujo en 2018 a niveles de 20,5% y la pobreza extrema a 2,8%.

Se le atribuye a Antonio Raimondi, investigador italiano que tras llegar al Perú en 1850 y recorrerlo para hacer sus estudios se percató de nuestros ingentes recursos naturales, comparándolos con el bajo nivel de vida de la población, haber mencionado la frase “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, sentencia que no hemos sabido internalizar para revertir los niveles de pobreza que agobian en la actualidad casi al 21% de la población.

Disponemos de recursos naturales para desarrollar eficientemente las actividades agropecuaria, minera, pesquera, gasífera, pero el país sigue sin utilizarlos adecuadamente para su progreso.

En los últimos años hay una corriente contraria a la minería formal, enarbolando posiciones que ya fracasaron en el pasado y en todos aquellos países donde se han implementado, como es el caso actual de Venezuela. Lo preocupante es que las autoridades gubernamentales no salen a enfrentarlas con argumentos válidos y simples de entender para la población, evitando que se involucre por falta de información. También es necesario que la población reciba los servicios que el Estado está obligado a brindar, como educación, salud, saneamiento, carreteras, entre otros, para que dichas carencias no sean utilizadas por los azuzadores.

En las regiones del sur hay actualmente una corriente anti minera que está poniendo en riesgo el crecimiento y desarrollo del país. Arremetieron primero contra el proyecto Las Bambas, ubicado en Apurímac, y desde hace algunas semanas se oponen al proyecto Tía María localizado en Arequipa. El gobernador regional de Arequipa encabeza las medidas de fuerza exigiendo que se anule la licencia de construcción que las autoridades gubernamentales le otorgaron a la empresa Southern, después de haber cumplido con todos los requisitos que la ley exige, incluido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

¿Qué significa para el país la puesta en uso de nuestros recursos mineros? En primer lugar, la minería contribuye con el 10% a la producción nacional (PBI). Genera asimismo 201 mil puestos de trabajo directos y 1,2 millones de puestos de trabajo indirectos, y aporta con el 18% de los ingresos que recauda el Estado por impuesto a la renta. Por último, gesta el 60% de las divisas que ingresan al país por exportaciones. Estos indicadores deben de beneficiar de manera directa e indirecta a cada una de las personas que habitan en el país, y si el Estado hace una buena asignación del gasto público el beneficio debe extenderse más a la población de menores ingresos.

A mayor actividad minera, el Estado recauda más impuestos y por ende dispone de mayores fondos para gastar en educación, salud, obras de saneamiento (agua y desagüe), servicios de electricidad, carreteras, etc.  Sin embargo, la población no se siente beneficiada porque las autoridades públicas no gastan o no saben gastar los recursos que se les asigna para que hagan las obras que la población requiere. En muchos casos los recursos se desvían hacia fines ilícitos. Pero las autoridades para ocultar su ineficiencia o latrocinio personal terminan por culpar a las empresas mineras de la situación de pobreza en que se encuentra la población.

Por canon minero los gobiernos locales y regionales han recibido a nivel nacional, entre 2004 y 2019, un total de S/ 46 898 millones para ser invertidos en obras que mejoren la calidad de vida dentro de su jurisdicción. Sin embargo, dichos ingresos no se han gastado como era de esperar y los elevados niveles de pobreza persisten, como es el caso de Cajamarca, que pese a ser el tercer departamento con mayores fondos recibidos (S/ 4 872 millones) continúa registrando el mayor nivel de pobreza del país.

De igual modo, el masivo ingreso de divisas por exportación minera beneficia de manera indirecta a la población. El ingreso de dólares hace que su precio, llamado tipo de cambio, disminuya haciendo que los precios de los productos que el país importa también bajen, beneficiándonos cuando compramos alimentos, electrodomésticas, teléfonos celulares, entre otros.

*Este post es una colaboración de Alejandro Inga Durango, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte.

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