Manuel Mayorga, director nacional de nuestra Facultad de Salud, presenta proyecto que representa una importante contribución para cerrar la brecha que existe en este campo.
Información oficial reciente da cuenta que por lo menos un 20% de los más de 30 millones peruanos requieren algún tipo de atención en salud mental y el 80% de ellos (6 millones) no tiene ningún tipo de acceso. Los problemas de salud mental son la primera causa de años de vida saludable perdidos (por cada 1,000 peruanos se pierden 33 años de vida saludable), y la gran mayoría pueden ser resueltos en el primer nivel de atención. Además, la inversión pública en este rubro es altamente rentable (por cada dólar invertido retornan 4).
¿Cuáles son los problemas de salud mental que padece la sociedad peruana? Los más conocidos son la ansiedad, depresión, psicosis, adicciones y conducta suicida. Existe sin embargo una insospechada prevalencia de conducta suicida en otros grupos vulnerables que permanece “oculta”.
Así, un reciente estudio de Perales, et al. en una muestra de 1,800 sanmarquinos encontró un sorprendente 11% de estudiantes que había intentado suicidarse en el último año, solo el 16% había buscado ayuda profesional y un inquietante 20% pensaba repetir el intento. De otro lado, existen situaciones que habitualmente no reconocemos como problemas de salud pero que son extremadamente prevalentes en nuestra sociedad: trastornos alimentarios (obesidad cada vez mayor en niños y adolescentes), violencia de género (incluyendo los tres feminicidios en promedio que ocurren cada 10 días) y las conductas violentas en los espacios públicos sin ningún tipo de respeto a las reglas de convivencia en sociedad, una de cuyas expresiones son los accidentes de tránsito.
Estos últimos se han convertido en un problema de salud pública y la principal causa de muerte en adolescentes, jóvenes y adultos al punto que el Instituto Nacional de Salud lo ha considerado en el primer lugar de las prioridades para investigación en salud 2019-2023. Cuando analizamos las causas encontramos que la imprudencia del chofer (30%), el exceso de velocidad (30%) y el consumo de alcohol (8%) están a la cabeza, pero ¿cuál es la razón por la que una persona que conoce las reglas de tránsito, los limites de velocidad y sabe que no puede conducir si ha bebido alcohol decida “no hacer lo que sabe que tiene que hacer” y ponga en riesgo su propia vida y la de sus pasajeros?
La estrategia actual del MINSA está basada en el modelo de atención comunitaria en salud mental, que es un gran avance porque prioriza la atención ambulatoria y se llevan los servicios de salud mental del hospital a los Centros de Salud Mental Comunitarios, principalmente en zonas urbano-marginales y rurales de nuestro país. Sin embargo, este modelo presenta oportunidades de mejora: la atención sigue siendo pasiva (por demanda o por referencia), el foco está en el diagnóstico y tratamiento (prevención terciaria) y la oferta de profesionales siempre será limitada (solo contamos con 1 psicólogo por cada 10,000 habitantes y 1 psiquiatra por cada 300,000).
Una propuesta desde la academia que permitiría ampliar la cobertura, particularmente en prevención primaria (evitar que las personas sanas enfermen) y prevención secundaria (identificación de signos de alarma para la detección temprana) está basada en proyectos de intervención en las instituciones públicas de educación básica regular. Actualmente existen en nuestro país 107,142 colegios, 80% de los cuales son públicos. Según la Ley 30797, debería existir cuando menos 1 psicólogo en cada colegio, sin embargo, un reciente informe de la Contraloría General de la República encuentra que 9 de cada 10 colegios públicos no cuentan con este profesional.
Sabemos que la probabilidad de que en el corto plazo podamos tener especialistas en cada colegio público es prácticamente nula, pero tenemos la magnifica oportunidad de hacer prevención primaria y secundaria en una gran masa de población “cautiva” con un seguimiento diario y permanente a lo largo del año, durante los 12 años de la educación básica regular (inicial, primaria y secundaria). Es decir, los colegios se pueden convertir en la nueva “puerta de entrada” al sistema de salud público.
En UPN iniciaremos un proyecto colaborativo con los colegios públicos de Lima Norte, sus Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) y gobiernos locales para que nuestros internos y docentes de Psicología puedan contribuir a cerrar esta brecha. La participación de los gobiernos locales es fundamental puesto que solo en Lima tenemos 17,206 colegios y el 30% se encuentran en Lima Norte (Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y SMP).
La cartera básica de servicios incluirá la prevención y detección del bullying, adicciones, violencia familiar-sexual y de género, conductas antisociales, problemas de aprendizaje, orientación vocacional, escuela para padres e incluso el mejoramiento del clima laboral entre los colaboradores de la institucion educativa. Los proyectos de intervención a cargo de la universidad incluirán información de línea de base, resultados y medición de impacto; los que servirán de insumo para estudios de investigación que esperamos se conviertan en evidencia empírica para la formulación de nuevas políticas públicas. Una real contribución de la universidad para la solución de un grave problema de salud pública.
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