¿Cómo funciona la toma de decisiones en el Estado?

En el sector público es importante que la toma de decisiones esté basada en normas legales, siguiendo lo que la Ley establece.

¿Qué es la toma de decisiones?

Es un proceso para elegir entre diferentes opciones y resolver de manera juiciosa entres distintas alternativas, tomando en cuenta diversos escenarios. En el caso del sector público, es importante que esta decisión sea basada en normas legales, siguiendo lo que la Ley establece, ya que impactará en el quehacer de los ciudadanos de la jurisdicción.

Es justamente por eso que la toma de decisiones en el Estado es relevante y vital entre los gestores administrativos.

¿Cómo funciona en el Estado?

Es vertical, jerárquica y está ligada a la Constitución Política, es decir, se tiene que hacer todo lo que establece la Ley y tal como lo señala el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), según nos cuenta el docente de la escuela de Postgrado de UPN, Christian León Porras.

La toma de decisiones en el Estado es realizada en dos jerarquías. La primera, llevada a cabo por la alta dirección (ministros, viceministros y directores generales), y la segunda, donde intervienen gerencias de línea y los mandos medios (jefatura, supervisores y coordinadores).

Respecto al primer nivel, toda decisión que se tome se rige por la política del gobierno vigente y su Consejo de Ministros. Son ellos quienes consideran el peso que debe tener cada tema o caso en particular (stakeholders).

Una vez que las decisiones hayan sido tomadas, descienden de manera vertical a la segunda línea jerárquica, donde se llevan a cabo planteamientos sobre la base de los procesos administrativos. Por eso es importante entender que el Estado tiende a ser un tanto burócrata, término que se ha malentendido, pues el concepto de burocracia tiene que ver con la ejecución de trámites administrativos, vitales para evitar irregularidades (el dinero es de todos y a la vez de nadie). Lo que se debe manejar es la “tramitología”, y plantear reformas de manera criteriosa y simplificadas en beneficio del ciudadano.

Por ejemplo, para impedir una malversación de fondos, al momento de ejecutar un proyecto se debe tener en cuenta a la Ley de compras. Así se puede velar que el dinero se use de forma diligente.

“La agilización de procesos se puede dar siempre y cuando se actúe de buena fe, pero lamentablemente en el Estado no necesariamente todas las personas actúan de buena fe: “hecha la Ley, hecha la trampa”. Y eso atenta contra la moral de los ciudadanos y legitimidad de los gobiernos”, recordó Christian León Porras.

Habilidades directivas para una buena toma decisiones en el Estado

• Manejo de Inteligencia Emocional: indispensable para dirigirse a los adversarios políticos y lidiar contra los cambios que se presentan.
• Visión de planificación y progreso: la prosperidad se crea, no se hereda, por lo que hay que tener claro qué cosa ha funcionado en los países prósperos. Se puede tomar como guía a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuya misión es diseñar mejores políticas públicas para el bienestar de las personas.
• Decisiones políticas: es importante concertar, dialogar y negociar con las partes involucradas (stakeholders).

*Esta nota es una colaboración del docente de la Escuela de Posgrado Christian León Porras de la Universidad Privada del Norte.

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