Un gran porcentaje de la población de Lima vive en condiciones precarias, con alta vulnerabilidad, expuesta a los rigores de un seísmo que, según nos advierten las agencias encargadas de estudiarlos, es un hecho irrefutable que se producirá en un futuro no muy lejano. Esta vulnerabilidad afectaría a más de 900 mil viviendas.
La ciudad de Lima crece cada día. Esta es una verdad que la puede constatar el que se atreva a visitar el cinturón de cerros poblados en precario. La ciudad extiende sus límites (si es que alguna vez tuvo alguno) sin control, sin detenerse, sin supervisión ni medida.
Pero Lima en su conjunto no se desarrolla como ciudad.
Se desarrollan algunos distritos con mayor poder económico: San Borja, San Isidro, Miraflores, La Molina, Surco. Pero esta desigualdad reproduce la ciudad de la anarquía, refuerza cada día la dicotomía de barrios ricos y barrios pobres, lo cual no favorece la integración ni el desarrollo igualitario de las personas. La ciudad se vuelve discriminadora de las clases más desprotegidas, segrega y convierte en ciudadanos de segunda a enormes capas de población que invierten media vida solamente en poder desplazarse para subsistir. El Estado debe intervenir para desarrollar y equipar los distritos con menos recursos.
Lo anterior sin contar que al crecer sin orden, siguiendo procesos de autoconstrucción, sin respeto a las normas de construcción mínimas, sin respetar las pendientes ni la composición del suelo, es decir, sin plan y sin ordenamiento del uso del suelo, la ciudad crece y se expone a mayores daños por la altísima vulnerabilidad que va dejando tras de sí.
Al escribir sobre este tema candente, no puede dejarse de lado la carencia de significado que el desaparecido papel del Estado como ente rector deja ver en el crecimiento de la ciudad. Insisto, la ciudad crece, pero no se desarrolla. El Estado, en sus tres niveles de gobierno, deja a las ciudades del Perú desprotegidas en rectoría, en cumplimiento de lineamientos de orden y control y fiscalización: en planeamiento.
Hasta que un medio noticioso no destaca un edificio mal construido, hasta que no ocurre un accidente desafortunado, hasta que por desgracia el río se lleva las viviendas, sale a escena el Estado protector.
Existe un grupo de viviendas en precario -el patrimonio arquitectónico herencia de la Colonia y la República- que está en particular riesgo. Y este grupo de edificaciones suma el 13% de viviendas en riesgo del parque de vivienda construido.
Pero no solamente este grupo está en riesgo; también las viviendas autoconstruidas presentan características de vulnerabilidad. Estas viviendas están por doquier. Nuestros estudios calculan entre 20% y 28% el porcentaje del total de viviendas de autoconstrucción en Lima que presentan riesgo de colapso total o de sufrir daños severos ante un sismo de magnitud mayor de 7 grados en escala de Richter. Viviendas de autoconstrucción donde un ‘maestro de obra’ construye sin planos ni criterio constructivo.
En Lima vivimos casi 10 millones de personas y se calcula que un 30% de estas personas se ubican en los cerros de Lima con vivienda precaria. Estas viviendas presentan una tasa del 67% en riesgo con alta vulnerabilidad por sismo. En este caso el riesgo es mayor en cuanto el cerro al estremecerse provocaría desgajamientos de piedras y materiales. Es la tasa más alta debido a que ni siquiera cuentan con cimientos.
De un total de parque de vivienda de casi 2 millones, se encontró que más de 900 mil resultarían afectadas o con colapso en caso de seísmo de gran magnitud.
Ante esto, además del papel del Estado, que esperamos mejore, es compromiso de las facultades de Arquitectura reforzar y preparar mejor a los egresados no solamente en diseño, sino en todos los conocimientos constructivos, de cálculo estructural y de diseño de instalaciones sostenibles, que posibiliten viviendas con mayor confort y sobre todo más seguras.
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