En las últimas semanas hemos asistido a la paralización de un amplio sector del gremio médico en nuestro país, particularmente el que labora en el Ministerio de Salud (MINSA) y gobiernos regionales. Pareciera que los justos reclamos para el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y condiciones de trabajo de los profesionales en los establecimientos de salud públicos, donde se atienden los peruanos más pobres, han sido escuchados y los médicos han levantado la huelga con la esperanza que el próximo año el sector recibirá un mayor presupuesto que permita brindar a nuestros compatriotas prestaciones de salud más accesibles, oportunas, efectivas y de calidad.
Sin embargo, hay problemas estructurales que nos tomará mucho más tiempo resolver, en especial la enorme brecha cuantitativa entre la oferta y demanda de profesionales de la salud en nuestro país. Según datos actualizados al 2015 del Observatorio de Recursos Humanos del Ministerio de la Salud, existen 245,779 profesionales de la salud asistenciales a nivel nacional: 38,065 médicos, 39,979 enfermeras, 14,445 obstetras, 5,754 odontólogos, 1,848 biólogos, 16 ingenieros sanitarios, 1,734 nutricionistas, 2,502 psicólogos, 66 químico-farmacéuticos, 4,572 tecnólogos médicos, 248 médicos veterinarios, 2,037 trabajadores sociales, 60,856 técnicos asistenciales y 8,896 auxiliares asistenciales.
En general, la cantidad de recursos humanos en salud resulta insuficiente si comparamos la tasa actual de 29.6 por cada 10 mil personas con la de países vecinos como Chile, que tiene 40 por cada 10 mil habitantes y está por debajo de otros países latinoamericanos. Así, se calcula que el sector tiene un déficit aproximado de alrededor de 55,000 profesionales de la salud a nivel nacional. Esta brecha se torna crítica cuando analizamos la situación de algunas regiones de nuestro país donde el déficit es mayor que el promedio nacional y la falta de especialistas es clamorosa. La crisis de recursos humanos en salud ocurre por el aumento de la inversión en infraestructura de los últimos años con una mayor oferta de establecimientos de salud (públicos y privados) a nivel nacional, especialmente del segundo y tercer nivel de atención (que requieren contar con especialistas para tener la capacidad resolutiva que demanda su nivel de complejidad), aumento insuficiente de la oferta de plazas de segunda especialidad en las diferentes carreras de salud (medicina, enfermería, obstetricia, farmacia) y la constante migración interna (hacia el sector privado) y externa (fuera del país) por mejores condiciones laborales y económicas.
Es decir, tenemos un enorme “cuello de botella” para el crecimiento que demanda el sector debido al déficit de profesionales, particularmente de especialistas. Este déficit de recursos humanos limita la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, reduce la oferta de servicios sanitarios, condiciona una sobrecarga de trabajo por pluri-subempleo de los profesionales que laboran en más de un establecimiento de salud, alta rotación del personal, baja productividad, desmotivación y finalmente una mala calidad de atención.
Una solución temporal del Estado frente a esta sombría realidad fue el Decreto Legislativo (DL) 1154, que autoriza los llamados “servicios complementarios en salud”; es decir, la posibilidad de que los médicos de algunas especialidades críticas puedan trabajar en más de un establecimiento de salud (EESS) público cuando el EESS que requiere los servicios de algún especialista no haya podido contratarlo porque no existen médicos especialistas disponibles sin vínculo laboral con otro EESS público de la zona.
Si bien esta norma nos ha permitido paliar temporalmente la crisis, existen varios “candados” que limitan su implementación que tienen que ver con la fuente de financiamiento, la necesidad de suscribir convenios inter-institucionales y la restricción a sólo algunas especialidades médicas en un contexto en el que la demanda se ha expandido a otras especialidades y profesionales de la salud (como el requerimiento de enfermeros especialistas en cuidados intensivos, neonatología, hemodinámica, hemodiálisis y otros).
Por lo tanto, es importante entender como país que los recursos humanos en salud son recursos estratégicos cuya prolongada formación (contar con un médico especialista toma entre 11 a 13 años), atracción y retención (especialmente en el sector público) son una prioridad nacional y responsabilidad compartida del Estado con las instituciones formadoras y prestadoras de servicios de salud.
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