En estos días está en debate la nueva Ley Universitaria, la misma que establece que la acreditación de las carreras profesionales, debe ser obligatoria. Un argumento sobre el que se sustenta esta propuesta, es que actualmente en nuestro país, ninguna universidad y carrera profesional, ha logrado una acreditación. Con respecto a esta afirmación, quiero expresar, categóricamente, que no es cierto.
Según el censo del 2012, elaborado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), existen en nuestro país un total de 132 universidades, de las cuales 50 son públicas y 82 privadas. En base a una búsqueda de información de diversas fuentes, encontré que hay varias universidades que tienen algún tipo de acreditación: ya sea de alguna carrera profesional o institucional. Estas acreditaciones han sido logradas con diversos modelos tal como el nacional: Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Superior Universitaria (CONEAU) o internacional (ABET, CNA, entre otros).
Entonces, ¿cómo pueden decir que en nuestro país ninguna universidad ha logrado una acreditación? El modelo de acreditación nacional tiene poco tiempo en vigencia y en el trayecto de su desarrollo, se han ido presentando una serie de dificultades para su total implementación, es por este motivo que muchas universidades han optado por los modelos internacionales, de prestigio mundial.
Claros ejemplos de acreditaciones internacionales son: ABET, estándar americano con más de 60 años acreditando carreras de ingeniería a nivel mundial; el CNA de Colombia, a través del cual se han acreditado varias universidades de la región, como el nuestro; y CEAB de Canadá, a través del cual la Pontificia Universidad Católica del Perú acreditó sus carreras de ingeniería.
Asimismo, se presentó la dificultad para conseguir entidades que acrediten las carreras profesionales. Eso significa que durante un tiempo, no había ninguna institución que efectúe la visita a las universidades para su evaluación y posterior acreditación, ya que el CONEAU tiene como única función establecer la normatividad, pero no realiza la visita para la acreditación. Actualmente, existen solo dos organizaciones que realizan las visitas: “Empresa Evaluadora con Fines de Acreditación SAC” y “SGS Certificadora de Educación SAC”, como se puede evidenciar en el siguiente link del CONEAU.
Otro problema que enfrentan las universidades para poder concretar la visita para la evaluación, son recursos económicos ya que el costo de una visita es elevado. Además, los evaluadores que hacen la visita a las universidades, no son personal de estas empresas, sino son personas que deben pasar primero por un proceso de capacitación en el CONEAU, y para ingresar a dicho programa deben cumplir con ciertos requisitos, según se puede apreciar aquí.
Dentro de los requisitos está: “Tener la formación y poseer grado académico (Doctor o Máster) en la carrera profesional”. Esto significa que si un profesional de cierta especialidad, tiene un grado de Doctor o Máster en una especialidad diferente a la suya, no será aceptado para ser evaluador del CONEAU. Ese es mi caso, por ejemplo. Soy Ingeniero Industrial de formación profesional y cuento con un MBA, por lo que dicho grado de Master no es válido para el CONEAU pues no es afín a mi especialidad.
Como se puede apreciar, han existido y siguen existiendo una seria de situaciones que deben ser corregidas, para que nuestras universidades tengan mayores facilidades para acceder a la acreditación bajo el modelo nacional. Lo lamentable es que nos brindan la información a medias y solamente nos dicen que no tenemos universidades acreditadas en Perú. Lo que, como he explicado, es totalmente falso.
Por otro lado, ¿debería ser la acreditación un tema obligatorio? Particularmente, creo que no, ésta debería seguir siendo voluntaria y el gobierno debe sensibilizar a nuestra población, sobre su importancia. Para que finalmente, sea el mercado el que elija entre una universidad acreditada o no.
Además, el gobierno debería “recompensar” a aquellas universidades que estén acreditadas. Por ejemplo, solo deberían participar en el programa Beca 18 aquellas universidades que estén acreditadas, o acceder a fondos del CONCYTEC, entre otros incentivos. Esto significa, generar los mecanismos para llevar a las universidades a la acreditación, sin necesidad de que ésta tenga que ser obligatoria.
Mi gran temor es que dada nuestra “cultura de corrupción”, esta “obligatoriedad” ocasionará que se generen una serie de actos de corrupción, de esos que vemos todos los días en los noticieros. Tratemos de que esto no ocurra en nuestro sistema universitario.
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