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La corrupción se produce cuando el ejercicio del poder público por parte de los funcionarios y servidores públicos es desviado de los fines públicos de servir a los ciudadanos y es utilizado para satisfacer intereses privados, obstaculizando de esta manera que la administración pública cumpla con sus funciones orientadas al bienestar general y el desarrollo igualitario de los ciudadanos, por eso es importante conocer cuáles son los delitos contra la administración pública previstos en el Código Penal.
La Administración Pública es el servicio público que cumple el Estado por medio de sus funcionarios o servidores públicos para lograr el bienestar común.
Son los delitos que vulneran el normal, correcto y transparente desenvolvimiento o desempeño de la administración pública orientada a lograr el bien común, precisando que por cada tipo delictivo contra la administración pública corresponderá precisar el bien jurídico especifico. Entonces ¿cuáles son los delitos contra la administración pública? Descúbrelo en la siguiente lista:
Es el delito cometido por el funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado mediante concertación con los interesados, defrauda patrimonialmente al Estado o entidad u organismo del Estado.
Es el delito cometido por el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo.
Es el delito cometido por el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas.
Es el delito cometido por la persona que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo.
Es el delito cometido por el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial.
Es el delito cometido por el Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas,
Es el delito cometido por el funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, incrementa ilícitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos. Se considera que existe indicio de enriquecimiento ilícito cuando el aumento del patrimonio o del gasto económico personal del funcionario o servidor público, en consideración a su declaración jurada de bienes y rentas, es notoriamente superior al que normalmente haya podido tener en virtud de sus sueldos o emolumentos percibidos o de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa lícita.
Es el delito cometido por el funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada.
Los delitos contra la administración pública se clasifican:
A continuación, daremos casos de delitos contra la administración pública. Por ejemplo, una modalidad de cohecho tiene lugar cuando el miembro de la Policía Nacional que acepta o recibe donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, para sí o para otro, para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones derivadas de la función policial o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas.
Ejemplo de este delito acontece cuando el policía de tránsito recibe del conductor del vehículo una suma de dinero para no imponer la papeleta de tránsito por infracción a las reglas de tránsito como haberse pasado la luz roja del semáforo o no tener el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
*Esta nota es una colaboración de Giammpol Taboada Pilco, docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad Privada del Norte.
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