Nueva ley agraria: distorsiones que terminan por afectar a los trabajadores

Razones por las cuales la nueva ley agraria podría desincentivar la inversión en un sector que se ha convertido en uno de los motores de la economía nacional.

ley agraria

Según un informe de la Cámara de Comercio de LIma, el empleo formal de la agroindustria en Piura, La Libertad y Lambayeque alcazaba al 2019 el 75%.(Foto: andina.pe)

El sector agrícola es muy intensivo en el uso de la mano de obra. Según COMEX Perú, este recurso representa alrededor del 50% del costo de producción en el sector exportador, por lo cual es muy sensible a los incrementos salariales.  Por otro lado, una de las características del sector agroexportador nacional es el uso poco intensivo de equipos agrícolas frente a otros países con los cuales competimos en mercados internacionales.

La ley del Régimen Laboral Agrario 31110 tiene un mayor impacto en las medianas y pequeñas empresas que son más sensibles a este tipo de incrementos, por lo cual es muy probable que se puedan dar de baja o ingresen a la informalidad, afectando directamente a los trabajadores.

Bonos, productividad y distorsiones

En la norma se contempla otorgar un bono del 30% de la remuneración que debiera reflejar la productividad del trabajador. Sin embargo, esta no es la misma en todo el personal dado que existen diferentes niveles de experiencia y productividad, con lo cual se distorsiona el incentivo en la eficiencia laboral. Tampoco se aprecia una discusión técnica sobre el bono y el incremento salarial dado que se han venido observando variantes en las propuestas sin documentos técnicos que la sustenten.

Si bien existen muchas denuncias por falta de pago o remuneraciones por debajo del promedio del sector, lo que se requiere es una mayor fiscalización por parte de Sunafil para que se cumpla la normatividad. En Ica Sunafil cuenta con solo 15 personas para la fiscalización, siendo una región con un importante número de empresas dedicadas a la agroexportación. De nada servirá un incremento salarial si no existe una mayor presencia del Estado para hacer cumplir las normas y condiciones laborales.

Las empresas más grandes podrían asumir un mayor costo laboral pero no es eficiente aplicar bonos a todos los trabajadores cuando las productividades son diversas. No se ha tomado en cuenta que en el sector agroexportador los niveles de rentabilidad son diferentes, dado que unos proyectos están en maduración y otros tienen mayor tiempo de actividad. En ese sentido la norma debería establecer diferencias.

Una norma que podría detener o llevar a otros países las inversiones

Como no existe una investigación que indique si un mayor costo laboral puede sacar del mercado a las empresas exportadoras, muchos empresarios compararán su inversión y rentabilidad con países que exportan el mismo producto. Es habitual la comparación de costos de las empresas exportadoras con países que compiten con productos similares. En base a esta evaluación la gran empresa se ubicará en el país donde tenga una mayor rentabilidad.

Por otra parte, la tasa de impuesto a la renta, que se incrementará en el tiempo, se aplica en sectores agroexportadores ya consolidados, pero no es consistente con aquellos que están en etapa de maduración o en una fase incipiente.

Consideramos que la norma contempla algunos beneficios sociales para los trabajadores que antes no existían, pero aplicar bonos sin tomar en cuenta la productividad es una distorsión en la asignación y eficiencia de recursos. Los sectores agroexportadores son diversos y por ello deberían tener diferente normatividad.

*Este post es una colaboración de Juan Carlos Ocampo, coordinador de la carreras de Economía y Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Privada del Norte.

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