Dotar de agua potable a todos los peruanos es una prioridad

El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua. A propósito de esta fecha, José Nicanor Gonzales, decano de nuestra Facultad de Ingeniería, realiza un balance del acceso al agua potable en el Perú y recomienda iniciar una cruzada nacional por la sostenibilidad y la seguridad hídrica.

Según cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018), más de 3 millones de peruanos no cuentan con acceso al servicio de agua proveniente de la red pública, abasteciéndose por otros medios como pozos, camiones cisterna, ríos, acequias y otros.

Las cifras también arrojan que el 95% de la población urbana accede al servicio de agua para consumo humano proveniente de la red pública. Sin embargo, en el área rural solo lo hace el 73,4%. Además, este servicio llega al 90% de la población en solamente 14 de las regiones del país.

Entre los departamentos con menor acceso al agua por red pública, vale decir, del servicio básico brindado por el Estado, figuran Huánuco (75,6%), Ucayali (72,8%), Puno (66,9%) y Loreto (55,2%).

La falta de agua que aún soportan algunas regiones del país se debe a la ausencia de alianzas público-privadas gestionadas con eficacia y honestidad. Recordemos que el uso de los recursos hídricos está íntimamente ligado a la salud pública y la seguridad humana, por lo que la dotación de ellos debe ser una prioridad para los gobiernos.

El cierre de la brecha de infraestructura y servicios de agua y saneamiento a nivel nacional, en los ámbitos rural y urbano, debe constituir un objetivo de gobierno que convoque no solamente a las entidades públicas, sino también a la inversión privada, como ya ha sucedido en países miembros de la Alianza del Pacífico, como Chile y Colombia.

Necesitamos una activa participación ciudadana por el uso sostenible de los recursos hídricos, tomando conciencia de que no es posible seguir acumulando más pasivos ambientales como la contaminación de ríos, lagos y lagunas. Debemos establecer el punto de partida de una cruzada nacional por la sostenibilidad y la seguridad hídrica cuyo financiamiento podría darse a través de recursos del Fondo de Estabilización Fiscal y fondos privados orientados a proyectos sostenibles de agua y saneamiento.

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