Roles del Estado y la gran minería

La gran minería es un modelo de virtudes pioneras, técnicas, económicas y empresariales. Es pionera porque generalmente se lleva a cabo en zonas agrestes donde incrusta prosperidad y cultura. Desde el punto de vista técnico, se desarrolla dentro de los progresos científicos de avanzada para alcanzar la mayor eficiencia posible. Desde el punto de vista económico, debe lograr los menores costos posibles para lograr la pronta recuperación del vasto capital invertido. Desde el punto de vista empresarial, organiza y articula con efectividad recursos de toda naturaleza a nivel mundial, apartándose sistemáticamente del dispendio.

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Sin embargo, en el presente siglo los proyectos de la gran minería que se ejecutan en contextos subdesarrollados son objeto de múltiples cuestionamientos sociales. Si en el siglo XX esto no sucedía, entonces el escenario social actual ha cambiado. Los pueblos que antiguamente convivían con naturalidad en escenarios feudales y señoriales ya no los toleran, reclamando ahora, a su manera, igualdad de derechos y oportunidades. Es posible que estos eventos sean una réplica de los movimientos liberales sociales que invadieron Europa hace doscientos años y que gradualmente permearon los grupos subyugados del mundo. El advenimiento de la era informática ha contribuido a difundir las bondades del mundo desarrollado al que tiene acceso una minoría comunal por esfuerzo espontáneo, sin que existan planes sistemáticos de aplicación prioritaria. La creciente educación de los líderes comunitarios naturales también ha favorecido estos movimientos de reclamo por una mayor atención al problema crucial de lograr una sociedad más homogénea.

Es menester, por lo tanto, estructurar una respuesta adecuada a los movimientos de “libertad, igualdad y fraternidad” que se están forjando en la mayoría de comunidades proverbialmente sometidas del mundo. Este es un problema público en el que las multinacionales se ven cándidamente inmersas, ya que ellas son ajenas a la realidad social donde encuentran y construyen las minas. Muy distinto es el escenario de las minas que se desarrollan en los países del primer mundo, donde las únicas objeciones son de carácter ambiental.

En el Perú, el sector público ha iniciado modestamente algunas actividades para encarar este problema con la creación del Ministerio de Cultura y algunos frágiles programas de inclusión social. Se propone que el Estado asuma estratégicamente un proyecto incisivo de “enlazamiento social” en las zonas donde se desarrollan proyectos de la gran minería, de tal manera que la integración sea gradual y progresiva, sin que afecte el desarrollo del proyecto minero.

El interés comercial de la multinacional debería ser complementado con un programa público muy agresivo y prioritario de preparación e inducción social para que el ingreso de la multinacional no sea percibido como una intromisión aluvional a su vida habitual. Este programa público debería iniciarse en forma gradual y paralela a la etapa corporativa de verificación de la continuidad tridimensional del yacimiento.

Ante la actual indiferencia estatal por adoptar medidas políticas de prevención y predisposición al cambio, las empresas multinacionales se ven en la necesidad de adoptar planes apresurados de “Relaciones Comunitarias”. No siendo su responsabilidad abordar las inequidades existentes desde tiempos inmemoriales, lo más que pueden hacer es adoptar planes tutelares de contención de expectativas al carecer de la visión pública envolvente requerida por la magnitud social del problema.

La existencia de un gran yacimiento mineral debería ser interpretada por las comunidades vecinas como un privilegio y una oportunidad de progreso y no como un perjuicio y amenaza futura a la vida. Para que ello suceda, el Estado debe organizarse para aprovechar la oportunidad de cumplir con la responsabilidad de reducir las desigualdades de su población, apoyándose en la contribución económica del proyecto minero (impuestos), mejorando en forma tangible (infraestructura y empleo) y en forma intangible (educación y salud) la situación de las comunidades. Si esta circunstancia es percibida en forma destacada por los todos los participantes directos e indirectos del proyecto minero, el descontento que dispara los conflictos se reducirá sustantivamente.

Entendidos así los roles del Estado y el empresario privado, se dan las condiciones para que ambos emprendan las transacciones que permitan darle seguridad a la inversión minera, por un lado, e impulsar el desarrollo social y económico comunal, por el otro. Este es un acuerdo de negocios en el que el fútil y redundante criterio de responsabilidad social empresarial estaría fuera de lugar.

Siendo los recursos naturales de propiedad del Estado, es imprescindible que éste adopte una posición de liderazgo en darlos a conocer y desarrollarlos, para que efectivamente resulten de beneficio de todos. Esto requiere de una organización e infraestructura física acorde con la magnitud del problema, por lo que lo primero es dimensionar el problema y definir el rol que le compete al Estado. El rol de generador de riqueza le compete al sector privado, pero el rol de aprovechar el desarrollo de los proyectos mineros para reducir las inequidades propias de un escenario social subdesarrollado, es del Estado. Si así no se percibe, se podrá generar mucha fortuna pero el hombre no será capaz de liberarse de las fuerzas de la ignorancia, la mezquindad y la miseria, así como de la servidumbre a otros.

Esta afirmación repercute en los países con sustantiva riqueza natural que siguen el modelo económico de libre mercado, en que los entes generadores de riqueza son las empresas privadas—como es el caso de los países andinos— y deben tratar de articular una estrategia capaz de integrar la capacidad empresarial de la minería con las necesidades de integración y homogenización social de sus naciones. En los casos en que esta estrategia es deficiente o no existe, el modelo económico liberal tenderá a profundizar las desigualdades en vez de reducirlas.

Los grandes yacimientos mineros, que son el foco de interés comercial de las multinacionales con tecnología y el capital necesario para estos emprendimientos, están en condiciones de proveer suficiente apoyo para contribuir al desarrollo periférico necesario.

Esta integración se debe dar en los siguientes aspectos:

1. Desarrollo de la infraestructura aledaña a los centros mineros.

El rol del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), surge como una institución que se encuentra en condiciones de contribuir a los requerimientos de este objetivo por las siguientes razones:

–  Los grandes proyectos mineros que financian las multinacionales constituyen un reto técnico que a todos los ingenieros interesa apoyar, ya que buscar, medir reservas, y procesar minerales en forma exitosa demanda el concurso de todas las especialidades de ingeniería.

–  Por esta razón, el CIP debe apoyar la realización de grandes proyectos mineros en las etapas de diseño, construcción, montaje y operación.

–  Por otro lado, uno de los aspectos claves del desarrollo tangible de todo país es su infraestructura: carreteras, trenes, cabotaje, abastecimiento de agua, desagüe y energía eléctrica. En ese aspecto el Perú es subdesarrollado debido a su pobre infraestructura territorial.

–  Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los grandes proyectos mineros se ubican en zonas del territorio con escasa o nula infraestructura, las multinacionales planifican con la mayor liberalidad la construcción de sus campamentos mineros con todas sus comodidades, creando islas dentro de círculos de miseria, que los pobladores del entorno observan con recelo, impotencia y resentimiento, lo que propicia comportamientos alejados de las convenciones sociales de convivencia y solidaridad.

–  Una de las formas de mitigar esta complaciente y perjudicial práctica empresarial privada es tratar de articular una estrategia que permita integrar el afán de lucro que mueve a las grandes mineras privadas, con la responsabilidad del Estado de construir la infraestructura nacional.

–  Como históricamente la institucionalidad estatal ha brillado por su ausencia en el interior del territorio, nunca ha sido posible articular una estrategia mixta que permita hacer realidad la sana aspiración minera de que «toda mina sirva de polo de desarrollo».

–  Lo racional sería que las multinacionales puedan negociar  con el Estado (obras por impuestos o asociaciones público privadas) su contribución en la construcción de la infraestructura local, como una forma de suavizar los contrastes y brechas sociales que son los que en última instancia generan los conflictos sociales que tanto perjudican la necesaria cohesión social de la nación.

–  Se podría comenzar con los proyectos mineros que se encuentran en las etapas de exploración, factibilidad y permisos. Por lo menos, la causa histórica–ciertamente legítima—de que “los mineros se llevan todo y solamente dejan pasivos ambientales” quedaría sin sustento.

–  Si el CIP hiciera suyo el reto de diseñar la infraestructura nacional, el Estado, las empresas y las comunidades tendrían una base para negociar la forma en que todos se beneficien del desarrollo minero. El costo de esa ingeniería es responsabilidad del Estado, quien tiene a su disposición múltiples maneras de financiarlo. En resumen, son 23 planes regionales, 200 planes provinciales y dos mil planes distritales, sin contar las casi diez mil comunidades. Es indudable que muchos de esos planes pueden integrarse regionalmente y aún a nivel nacional.

2. Desarrollo urbano de los centros poblados cercanos a los centros mineros.

Complementariamente, el CIP, conjuntamente con el Colegio de Arquitectos (CAP) deberían ser actores principales en los planes de expansión urbana de los numerosos centros poblados del territorio, para corregir los errores que han dado origen a las dificultades que sufren la mayoría de ciudades que han crecido sin ninguna planificación urbana, redes de agua y desagüe debidamente calculadas y abastecimiento eléctrico balanceado. La mayoría de ciudades cercanas a exitosas operaciones mineras son ejemplos de lo que no debe repetirse, tales como Cerro de Pasco, Huancavelica, Lircay, Nazca, Samegua, Espinar, Cajamarca, Chalhuahuacho, etc.

3. Intensa educación y entrenamiento gradual de los pobladores locales para que sean capaces de      alcanzar las calificaciones requeridas por la nueva operación minera.

Las operaciones de la gran minería se caracterizan por requerir trabajadores calificados que son muy escasos en los parajes donde se realizan.

Es responsabilidad del Estado proveer los centros de formación requeridos por las actividades económicas de cada localidad, de manera que se reduzca la tasa de desempleo (un indicador macroeconómico tan importante como el crecimiento del PBI o como el control de la inflación). Las empresas pueden ser motivadas a incrementar gradualmente su componente laboral de origen local, a medida que vayan egresando las promociones de adolescentes especialmente capacitados para trabajar en la operación minera de su localidad. Jóvenes talentosos capaces de laborar en la mina, la planta, los talleres de mantenimiento y la administración deberían ser formados con relativa facilidad mediante programas especializados de dos o tres años de duración.

Conclusión

En los países subdesarrollados con importantes yacimientos, el antiguo modelo de gran minería tiene que ser renovado, de tal manera que el desarrollo tangible e intangible de las poblaciones vecinas se vea impulsado por la explotación del recurso. En este cambio, el rol que debe jugar el sector público es sobresaliente, negociando con la gran empresa minera las condiciones en que el negocio debe prosperar.  Solamente con una intervención estatal idónea y decidida será posible ir cambiando el trasnochado modelo actual de producción minera, en que los pobladores del entorno  minero han sido tradicionalmente ignorados.  La introducción del canon minero tuvo esta intención, pero la impericia dirigencial ha frustrado las expectativas económicas regionales.

Para superar estas deficiencias, se propone la creación de una institución rectora del desarrollo minero que sea capaz de:

a.  Vincular el desarrollo minero privado con los requerimientos de desarrollo de la nación peruana, que se puede resumir en la integración a la vida económica y al estado de derecho, de las comunidades que viven en los alrededores de los grandes proyectos mineros que se desarrollen en el futuro. Esta institución estaría encargada de orientar y complementar los recursos—humanos e institucionales—del Estado para que tenga presencia donde históricamente ha estado ausente.

Esta recomendación debe ser capaz de reducir sustantivamente o anular los conflictos sociales que en la actualidad se han constituido en el principal freno de las importantes inversiones que desean hacer las empresas multinacionales en los proyectos de la gran minería nacional.

b. Superar las barreras que tienen los grandes proyectos mineros en el aspecto ambiental, donde se requiere tener una opinión conciliada entre la excesiva cobertura actual exigida por las normas ambientales y los simples requisitos mineros representado por la identificación de los residuos y sus plantas de tratamiento, dejando la inspección de los flujos residuales como instrumento de monitoreo y control definitivo del problema.

c. Orientar y conducir los pasos de investigación y desarrollo necesarios para progresar en el valor agregado gradual de la producción minera.

d. Orientar, conducir, innovar y gestionar tanto en el laboratorio como a nivel piloto, los procesos metalúrgicos de recuperación de oro sin emplear mercurio ni cianuro. Estos procedimientos permitirán programar el desarrollo de la pequeña minería de oro nacional.

e. Innovar y gestionar las organizaciones empresariales propicias (cooperativas, especializaciones, asociaciones público privadas, etc.) para el desarrollo de la pequeña minería en sus etapas de búsqueda no invasiva, búsqueda invasiva, medición de reservas mineras, minado, procesamiento, producción, comercialización y financiamiento. Se estima que un intenso análisis de estas posibilidades  contribuirá a reducir drásticamente la informalidad minera.

Crear una institución que tenga estos objetivos no debe costar más de lo que ya le está costando al país su ausencia.

* Este post es una colaboración de Walter Casquino, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte.

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