Caso «vacunagate»: diferencias entre el actuar ético y el legal

A partir del caso que ha dado en llamarse «vacunagate», el autor del presente artículo plantea una dilucidación entre los actos que comportan a la ética y aquellos que se encuentran en el ámbito jurídico.

vacunagate

El caso de la vacunación encubierta a centenares de personas ha suscitado indignación en nuestro país.

Diversas opiniones académicas han analizado si los hechos del caso de las vacunas son propios de la esfera del Derecho Penal o si es una mera falta contra la ética. Al margen de estos respetables comentarios y dado que esta columna está dirigida a nuestros estudiantes, explicaremos de forma puntual la diferencia entre ética y Derecho.

La ética es una rama de la filosofía que pretende responder a una pregunta básica: ¿Qué debo hacer? El actuar de forma ética nace de un proceso reflexivo en el que las decisiones de las personas están determinadas por sus valores o propósitos. En el transcurso cada persona es capaz de analizar y descubrir su propio sentido de lo que es bueno, correcto y significativo. No confundir con la moral, que se ocupa de establecer las reglas de qué es lo bueno y lo malo, muchas veces guiada por las costumbres, tradiciones y cultura de una determinada sociedad. Muchas personas heredan sus reglas morales desde su familia, comunidad o cultura. Por lo general, el proceso es inconsciente.

En su acepción objetiva, el Derecho es un conjunto de normas concebidas por un órgano o institución con poder y legitimización para establecer orden y paz en la sociedad. ¿En qué se diferencia la ética y el Derecho? En el Derecho existe la coerción, es decir, hay persuasión por parte del Estado para cumplir sus normas de forma obligatoria. Esto conlleva un mensaje implícito: “si no cumples habrá consecuencias”. Lo contrario sucede con la ética: si incumples, podrás tener una sanción social o individual, pero ninguna que provenga de la fuerza del Estado.

«En la mayoría de los casos, cumplir una regla ética llevará al cumplimiento de una norma jurídica»

¿Podría existir un acto contrario a la ética, pero no punible para el Derecho? Podemos tomar el siguiente ejemplo: tienes una posición de poder dentro de una empresa y en lugar de elegir al candidato más capaz en una entrevista de trabajo, seleccionas al de mejor apariencia física. ¿Puede existir un acto contrario al Derecho, pero éticamente justificable? Quizás, si nos ponemos a pensar desde una ética utilitarista[1], la necesidad de los comerciantes ambulantes que trabajan para subsistir y alimentar a su familia, aun haciendo caso omiso a las normas jurídicas en tiempos de emergencia.

De ahí que resulta necesario dividir el problema suscitado en estas dos grandes categorías. Pero, sobre todo, tratar de diferenciar e incluso evitar[2], por el lado del Derecho, que el problema se circunscribe a una investigación fiscal, posiblemente, en virtud del artículo 282° (delito de concusión) y el artículo 399° (delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo) del Código Penal.

Sin embargo, ¿cómo detectamos las inobservancias a las reglas éticas? En primer lugar, en la mayoría de los casos, cumplir una regla ética llevará al cumplimiento de una norma jurídica[3]. Dicho esto, podemos utilizar dos exámenes para evaluar nuestra conducta utilizando la regla de oro, tanto en su forma negativa o positiva[4] preguntándonos: ¿Me gustaría que las personas me hagan lo mismo a mí? O el curioso examen denominado The Front Page Test[5]: ¿Cómo me sentiría si mi acción fuera un titular en la portada de un periódico de mi ciudad? Estas preguntas nos ayudarán sobremanera si enfrentamos un dilema ético.

Para finalizar, abordé el tema desde el punto de vista del expresidente y las ministras renunciantes. Sin embargo, ¿los investigadores tendrán responsabilidad penal y ética en su accionar? Les dejo algunas pistas a través de la siguiente cita:

En términos generales, las normas éticas en la investigación buscan hacer tres cosas. Primero, proteger los derechos e intereses legítimos de los participantes en la investigación (por ejemplo, exigiendo normalmente el consentimiento informado). Segundo, crear confianza tanto en los investigadores como en los resultados de la investigación (por ejemplo, aprobando o rechazando las prácticas que afectan a la fiabilidad real o percibida de los datos de la investigación). Por último, preservar el entorno de la investigación (por ejemplo, tratando de evitar prácticas que puedan restringir el acceso futuro a los participantes en la investigación o reducir la eficacia de la investigación futura). Junto con estos objetivos, una consideración adicional será sin duda la protección de la reputación del investigador y la de su institución contra las acusaciones de comportamiento poco ético o ilegal. (Charlesworth, 2012, p. 88)

*Este post es una colaboración de Luis Cristhian Chu Alvarez, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Privada del Norte.

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[1] Las dos grandes corrientes éticas contemporáneas se dividen entre la ética utilitarista y kantiana o formal. Un ejemplo curioso es la que encontré en redes sobre ¿Qué pasaría si Batman mata al Joker? El Batman que conocemos no lo matará porque quitar la vida es contraria a toda regla de la naturaleza. En cambio, el Batman “utilitarista” le quitaría la vida dado que el Joker hace daño a la sociedad. La ética utilitarista se centra en la consecuencia, si le trae mayor felicidad y bienestar a la sociedad no sería éticamente reprochable si Batman mata al Joker.

[2] A través del “Compliance” que consiste en alinear las actividades comerciales, laborales o civiles propias o las de tus clientes las normas legales vigentes, en especial las punitivas evitando así consecuencias jurídicas funestas.

[3] Véase la ética de mínimos de Adela Cortina.

[4] “Trata a los demás como querrías que te trataran a ti”. También se puede expresar en forma negativa: “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”

[5] El examen del titular de un periódico o conocido como el New york times rule.

Bibliografía:

Charlesworth, A. (2012). DATA PROTECTION, FREEDOM OF INFORMATION AND ETHICAL REVIEW COMMITTEES. Information, Communication & Society, 15(1), 85–103. doi:10.1080/1369118x.2011.637572

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