La prisión preventiva y el hacinamiento penitenciario bajo la lupa

Un problema álgido que ha vuelto a tocarse a raíz de la pandemia de COVID-19 es el referente a la prisión preventiva y el hacinamiento en las cárceles. En este contexto, nuestra Facultad de Derecho llevó a cabo una conferencia virtual con la participación de dos expertos mexicanos que compartieron muy oportunos alcances.

Ante el debate suscitado en torno a las condiciones de los centros penitenciarios y la amenaza de contagios de COVID-19 entre los internos, nuestra Facultad de Derecho convocó a dos juristas mexicanos que analizaron las causas, consecuencias y posibles salidas a esta situación en la conferencia virtual “Hacinamiento penitenciario y vulneración de derechos humanos en tiempos de COVID-19”.

María Guadalupe Villegas, catedrática de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y Manuel de Jesús Corado, director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, abordaron el tema desde su experiencia profesional brindando a los participantes interesantes perspectivas.

Prisión preventiva

La doctora Villegas tuvo como tema de ponencia la prisión preventiva y comenzó señalando que México desarrolló la regulación de esta a partir del modelo peruano. “Sin embargo -anotó- México es el único país con las opciones de una prisión preventiva justificada y una prisión preventiva oficiosa, lo cual genera problemas por las interpretaciones que tanto el ministerio público como los jueces pueden hacer de la última”.

Sostuvo que los mexicanos deben gozar de todos los derechos y libertades reconocidas en la constitución y en tratados internacionales. “Es un ejercicio que no podrá suspenderse ni restringirse salvo los casos que establezca la propia constitución”, acotó.

Sin embargo, explicó que dada la discrecionalidad que les asiste, los jueces no necesitan justificar un mandato de prisión preventiva y ese es un primer problema. Al respecto indicó que “la prisión preventiva habría que justificarla en todos los casos, porque de lo contrario da pie a que se abuse de ella”.

Señaló asimismo que, de acuerdo al código mexicano, la medida no puede ser utilizada para obtener un reconocimiento de culpabilidad o sanción penal anticipada, razón por la que los jueces deben aplicarla únicamente como una medida cautelar en los casos en que se ajuste a las causales.

Finalmente, refirió que en la actual pandemia de COVID-19 en las cárceles de su país han muerto 9 personas y hay decenas de infectados. “Aun cuando se han liberado a cerca de 2,000 internos, es necesario poner el foco en las condiciones en que están detenidas estas personas y en el respeto de sus derechos. Necesitamos ser más humanos e impedir que se siga empleando excesivamente el recurso de la prisión preventiva”, puntualizó.

Hacinamiento penitenciario

A su turno, el doctor Corado desarrolló las causas e implicancias del hacinamiento penitenciario, destacando que se trata de una realidad que afecta a la mayoría de países latinoamericanos.

“Hablamos de hacinamiento cuando nos referimos a un escenario en que la densidad poblacional es mayor a la capacidad del centro carcelario. Pero si la densidad poblacional supera a 100, ya hablamos de una sobrepoblación”, manifestó.

Para Corado una de las causas de este hacinamiento es que no hay consenso respecto a la capacidad de alojamiento de las cárceles. “Normalmente se tiene como referencia los datos de los planos de construcción, pero estos son modificados. No existen criterios homogéneos y lo real es que solo se toma en cuenta las dimensiones de la celda”, señaló.

El especialista sostuvo que ante este fenómeno los estados tienen el desafío de asegurar el respeto de los derechos humanos de los internos, ya que la sobrepoblación impide que se respete la mayor parte de ellos. “La constitución mexicana señala en el artículo 1 que el estado tiene el deber de proteger los derechos de sus ciudadanos”, subrayó.

Entre otras causas del estado de hacinamiento de las penitenciarías, Corado mencionó la ineficiencia de los procesos de justicia penal, el exceso de políticas de justicia penal punitivas, la insuficiencia de medidas y sanciones no privativas de la libertad y el uso excesivo y abusivo de la prisión preventiva.

Respecto a las consecuencias de esta situación en la actual crisis sanitaria, el doctor Corado dijo que de algún modo se ve agravada debido a las restricciones vigentes, por lo que instó a los gobiernos a hacer un esfuerzo para garantizar los derechos de los internos.

Desde sus enfoques, los doctores Villegas y Corado plantean a nuestra comunidad de estudiantes y docentes de Derecho la necesidad de ver también con mayor sentido humano este problema en el Perú.

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